Por Laura de Grado Alonso
Excluidas de los espacios donde se diseñan las políticas que afectan a sus vidas, las mujeres indígenas con discapacidad son tratadas como menores de edad permanentes. La activista y presidenta de la Red de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes con Discapacidad de América Latina y el Caribe (Remiad), Olga Montúfar Contreras, denuncia que esa ausencia permite que gobiernos, instituciones y familias decidan por ellas, limiten su autonomía y su capacidad jurídica y hablen de sus derechos sin escuchar sus propias voces.
Indígena nahua nacida en una comunidad del estado mexicano de Guerrero, Montúfar contrajo la poliomielitis durante la infancia, en una época en la que acceder a la atención sanitaria en zonas rurales resultaba extraordinariamente difícil. La enfermedad le dejó una discapacidad motriz y obligó a su familia a abandonar temporalmente la comunidad y trasladarse a la ciudad en busca de un tratamiento. Aquella decisión cambió su vida, recuerda, ya que pudo acceder a la escuela gracias a que su madre que la cargaba cada día para llevarla a clase.
Montúfar rememora que, en su comunidad, las personas con discapacidad eran vistas entonces como «ollas rotas» u objetos que nunca podrían repararse. La discapacidad se atribuía incluso a «una maldición» o a un castigo por alguna mala acción cometida por la familia.
Se graduó con honores como ingeniera mecánica industrial, aunque ni su expediente ni su formación evitaron que las empresas le cerraran las puertas por ser mujer y tener una discapacidad.
La discriminación laboral terminó empujándola hacia el activismo. Primero reunió a otros profesionales con discapacidad que tampoco conseguían ejercer y, más tarde, impulsó jornadas de atención médica, odontológica y jurídica en comunidades indígenas a las que apenas llegaban los servicios públicos.
Ese trabajo le permitió comprobar que muchas personas con discapacidad permanecían fuera de la escuela, recluidas en sus casas y sometidas a decisiones familiares o comunitarias que no reconocían plenamente su autonomía.
Desde entonces, Montúfar no ha parado de luchar por los derechos de las personas indígenas con discapacidad. Ha presidido la Fundación Paso a Paso, ha ocupado responsabilidades en la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad y actualmente encabeza la red regional de mujeres indígenas y afrodescendientes con discapacidad, además de participar en mecanismos vinculados a la Organización de los Estados Americanos y en foros de la CEPAL.
P-Lleva alrededor de 30 años defendiendo los derechos de las personas indígenas con discapacidad. ¿Dónde comienza esa lucha?
*Soy mexicana, indígena nahua y nací en el estado de Guerrero. Cuando comenzó la epidemia de polio, en mi comunidad era muy complicado acceder a los servicios de salud. Muchos niños enfermaron y algunos murieron porque no había tratamiento, así que mis padres decidieron trasladarse conmigo a la ciudad. Salir de una comunidad indígena supone un choque social muy fuerte. Mis padres tuvieron que aprender cómo comunicarse y cómo desenvolverse en un entorno completamente distinto. Allí tuve la oportunidad de ir a la escuela, porque en aquel momento era uno de los requisitos para acceder a los servicios de salud. Mi mamá me cargaba, me llevaba a clase y después regresaba a buscarme. Así cursé el preescolar, la primaria y la secundaria. Cuando los médicos les dijeron que no había mucho más que hacer por mí, mis padres regresaron al pueblo, pero nos dejaron a sus hijos con nuestros abuelos para que continuáramos estudiando. Por eso digo que el universo conspiró a mi favor. En una comunidad indígena habría sido muy difícil que, siendo mujer y una niña con discapacidad, hubiera podido acceder a la escuela..En aquel tiempo se decía que éramos como «ollas rotas», que nunca vuelven a repararse, y que la discapacidad era consecuencia de una maldición o de algo malo que habían hecho nuestros padres. La discriminación y el hecho de no tener niños con quienes jugar hicieron que me dedicara más a estudiar. Me daban la clase en la escuela y, al llegar a casa, seguía repasando. Así logré terminar mi primera profesión, soy ingeniera mecánica industrial.
– La educación le permitió graduarse en la universidad, pero ¿mejoró sus oportunidades de vida?
*Desde niños nos enseñan que, si tenemos una profesión, tendremos una mejor calidad de vida. En mi caso fue diferente. Terminé la universidad con honores y empecé a buscar trabajo, pero ni siquiera me contrataron en el lugar donde había realizado el servicio social.Entonces comprendí que no era solo una cuestión de haber estudiado una profesión considerada de hombres. También pesaba el hecho de ser mujer y tener una discapacidad. Pregunté a antiguos compañeros si conocían a otras personas con discapacidad que hubieran estudiado y tampoco ejercieran y descubrí que muchas se encontraban en la misma situación. Fue entonces cuando comencé a formar una organización de y para personas con discapacidad. Al principio nos reuníamos para contarnos las tristezas de la semana, hasta que un día pensé «¿Todas las semanas va a ser lo mismo?». Decidimos hacer algo diferente y, como se habían sumado profesionales indígenas, empezamos a acudir a las comunidades con jornadas médicas, odontológicas y jurídicas. Así comenzamos a caminar por las comunidades indígenas y nos dimos cuenta de que muchas personas con discapacidad no estudiaban. Las personas sordas, por ejemplo, desarrollaban formas de comunicación únicamente dentro de sus familias, pero no acudían a la escuela.
-Ha participado en encuentros internacionales y espacios institucionales. ¿Siguen faltando personas indígenas con discapacidad en los lugares donde se toman las decisiones?
*Sí, totalmente. En mi caso he llegado a algunos espacios porque formaba parte del comité que los creó, pero la realidad es que no había financiación para la participación de personas con discapacidad y mucho menos para personas indígenas con discapacidad. Definitivamente queda mucho por hacer. No basta con crear espacios de discusión si después no se garantizan las condiciones para que podamos estar en ellos. La falta de recursos y de accesibilidad sigue impidiendo nuestra participación.
-Ha denunciado en varias ocasiones que todavía existen sistemas de tutela y prácticas que limitan la autonomía de las personas indígenas con discapacidad, especialmente de las mujeres y las niñas. ¿Por qué persiste esa tutela?
*En las comunidades indígenas vivimos bajo sistemas normativos tradicionales. Son estructuras políticas internas creadas para procurar el buen vivir dentro de las comunidades. El problema es que esos ordenamientos proceden de una organización ancestral en la que cada persona tiene asignado un determinado papel. Las personas con discapacidad suelen continuar aisladas porque no son consideradas ciudadanas plenas. Eso hace que todavía resulte muy difícil incorporarlas al movimiento. En algunos casos tenemos que pedir permiso a los padrinos de bautizo, a la abuelita o incluso a la tatarabuelita, si todavía vive. Ese es uno de los principales desafíos. No se reconoce plenamente nuestra capacidad jurídica porque se nos infantiliza, independientemente de la edad que tengamos.
– Si pudiera plantear hoy una exigencia directa a los gobiernos y a los organismos internacionales que toman las decisiones, ¿cuál sería la deuda más urgente con las mujeres indígenas con discapacidad?
*Principalmente, que se escuche su voz. No hay participación de mujeres indígenas con discapacidad en espacios como estos y necesitamos escuchar muchas voces. Lo hemos dicho muchas veces: cuando no está escrito, no existe; y mientras no estén las voces, no se escribe. Eso es lo que nos hace falta.
Fuente EFE
Foto portada Olga Montúfar