Por Marisa Plano
Una vez más, la discapacidad aparece en el centro de una discusión presupuestaria. El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 presentado al Congreso propone modificaciones que alcanzan al sistema de prestaciones para las personas con discapacidad, al régimen de pensiones y al mecanismo mediante el cual se establecen y actualizan los valores de las prestaciones. La propuesta deberá ser debatida y analizada por los legisladores antes de convertirse en ley.
No escribo estas palabras para atacar a nadie. Tampoco para entrar en una discusión política. Las escribo porque detrás de cada número de un presupuesto hay personas. Hay niños que necesitan terapias, jóvenes que necesitan apoyos para aprender y desarrollarse, adultos que necesitan acompañamiento para trabajar y participar, familias que muchas veces sostienen esfuerzos enormes y profesionales e instituciones que necesitan recursos para poder brindar una atención adecuada.
Cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando de un gasto cualquiera. Estamos hablando de derechos. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, nos recuerda que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir con dignidad, a participar de la sociedad, a acceder a la educación, a la salud, a la rehabilitación, al trabajo y a todos los ámbitos de la vida en igualdad de condiciones.
Por eso, cualquier modificación presupuestaria debería hacerse con una mirada especialmente cuidadosa. Se puede discutir cómo administrar mejor los recursos, cómo controlar que lleguen a quienes realmente los necesitan, cómo evitar irregularidades y cómo hacer más eficiente el sistema. Todo eso es necesario. Pero eficiencia no debería significar que quien necesita un apoyo termine recibiendo menos posibilidades de ejercer sus derechos. También debemos pensar en quienes brindan las prestaciones. Una terapia, una escuela especial, un centro de día, un acompañamiento o un tratamiento no son solamente una cifra dentro de una planilla. Detrás hay personas capacitadas, instituciones, familias y proyectos de vida. Si los recursos no acompañan los costos reales, el problema finalmente llega a la persona con discapacidad. Y hay algo que no podemos olvidar: la discapacidad no desaparece porque el presupuesto sea insuficiente. Las necesidades continúan. Los tratamientos continúan. Las barreras continúan. Las familias continúan necesitando respuestas.
Por eso, más allá de las posiciones políticas y de las diferencias que podamos tener, hay una pregunta que deberíamos hacernos entre todos:¿Qué sociedad queremos construir cuando hablamos de presupuesto?
Un presupuesto no debería mirar solamente cuánto se puede gastar. También debería preguntarse qué derechos queremos garantizar y qué personas no podemos dejar atrás. La discapacidad no pide privilegios. Pide oportunidades. Pide accesibilidad. Pide apoyos cuando son necesarios. Pide que una persona pueda estudiar, trabajar, comunicarse, trasladarse, elegir y participar.Pide, simplemente, poder vivir con dignidad.
Y si durante años hemos hablado de inclusión, de accesibilidad y de igualdad, ahora tenemos que demostrarlo también cuando llegan los números. Porque es muy fácil decir que todos somos iguales. Lo verdaderamente importante es que esa igualdad pueda hacerse realidad en la vida cotidiana.Que el presupuesto no sea solamente una herramienta económica. Que sea también una herramienta para construir una sociedad donde todos tengan un lugar.Porque cuando se reduce una posibilidad para una persona con discapacidad, no estamos reduciendo solamente una partida. Estamos reduciendo una oportunidad de vida. Y eso merece que lo pensemos con responsabilidad, con sensibilidad y, sobre todo, con humanidad.
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