(NA) — El Presupuesto 2027 contempla la derogación de artículos medulares de la ley de emergencia en Discapacidad, la misma iniciativa que la oposición quiere prorrogar para evitar que los titulares de pensiones no contributivas pierdan derechos a partir del año próximo.
El Presupuesto elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que consagra el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema. Esta modificación llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social.
Según explicó el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria) en un extenso tuit, con esta nueva política “cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica”.
A través del artículo 39 del Presupuesto, se sustituye en artículo 7 bis de la ley de emergencia por una nueva redacción que además de dar por tierra con la política de arancel único, deja sin efecto la actualización automática mensual de los valores de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria.
El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro coincidió con Marino en que lógica contemplada en el artículo 39 del Presupuesto “permite que cada ente obligado (obra social, prepaga o Estado) determine los valores en su relación con los prestadores”.
El legislador opositor acotó que “sólo para el Estado Nacional prevé una determinación trimestral de aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad”, aunque sin definir un índice concreto como la movilidad jubilatoria.
“En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad”, expresó.
Por otra parte, a través del artículo 37 del Presupuesto se elimina la compatibilidad de la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo que aporte ingresos de hasta dos salarios mínimos.
“El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión”, explicó Marino.
El diputado de Unión por la Patria también advirtió que mediante los cambios en el Presupuesto se “elimina la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al terminar el contrato, empujando a las personas con discapacidad a la informalidad”.
El.diputado Ferraro acusó al Gobierno de tener una política de “crueldad” contra un sector que “atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva”.