(NA) — El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo “no fueron estafados”, sino que asumieron voluntariamente un riesgo de mercado y perdieron dinero.
En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli afirmó además que el emprendimiento fue exclusivamente privado y desvinculó al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal por el mensaje que publicó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el lanzamiento de $LIBRA.
La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.
Respecto de Milei, la defensa calificó de “jurídico-penalmente irrelevante” el posteo que el Presidente publicó y luego eliminó en X anunciando el lanzamiento de $LIBRA.
Novelli sostuvo que aquel mensaje presentó un “proyecto privado” destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y aseguró que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni un retorno determinado.
La presentación también cuestionó que los inversores pretendan transformar el expediente en una causa de corrupción a partir de la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que el apartamiento de los querellantes dejaría esa acusación exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.
La decisión de la Sala I será adoptada en medio de una renovación del tribunal, actualmente integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.
El Gobierno impulsa la designación de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Ambos deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas.
Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer medidas de prueba, pedir indagatorias y apelar decisiones judiciales