El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta condenó a penas de entre 3 y 15 años de prisión a los siete integrantes de una organización narcocriminal conformada por gendarmes en actividad, exonerados o aspirantes a esa fuerza, que fueron juzgados por dos transportes de cocaína que totalizaron 334 kilos y fueron desbaratados en procedimientos realizados en 2024 en la provincia.
La investigación fue impulsada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, con la intervención de la auxiliar fiscal Carolina Aráoz Vallejo y del investigador Facundo Saravia.
Además, el tribunal presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por los jueces Domingo Batule y Diego Matteucci, dispuso el decomiso de una vivienda ubicada en Orán y de tres camionetas —dos Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux— utilizadas por la organización para desarrollar sus actividades ilícitas.
Las audiencias de debate comenzaron el 19 de diciembre pasado. El 29 de abril de este año el tribunal declaró la responsabilidad penal de los siete acusados y, tras el correspondiente juicio de cesura, el 27 de mayo la fiscalía formuló su alegato, en el que había pedido penas de hasta 16 años de prisión para los principales acusados.
De acuerdo con lo señalado por la fiscalía, por lo montos de las penas y la cantidad de condenados, se trata de una de las sentencias más relevantes dictadas en Salta por el delito de transporte de estupefacientes desde la implementación del sistema acusatorio federal el 10 de junio de 2019.
Las condenas
En la audiencia realizada ayer se dieron a conocer las condenas. Richar Ariel Delgado, gendarme exonerado, y Gabriel Osvaldo Ruiz Apaza, finquero de Orán, recibieron penas de 15 años de prisión como coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, en dos hechos.
Por la misma calificación legal, Jonathan Leonel Ostapowicz, comerciante de Posadas, fue condenado a 14 años de prisión.
Adrián Emilio Escarlata, también exonerado de la Gendarmería Nacional, recibió una pena de 12 años de prisión por su participación en uno de los transportes investigados.
Por su parte, Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado al momento de los hechos en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, y además hermano de Richar Delgado, fue condenado a 9 años de prisión como coautor del delito de transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público.
En tanto, Federico Rubén Batista, también miembro activo de la fuerza federal, y Francisco Agustín Flores, aspirante a incorporarse a ella, fueron condenados a 3 años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios.
La investigación se inició a partir de un procedimiento de flagrancia, pero avanzó hasta revelar una organización con una compleja estructura logística integrada por gendarmes en actividad, exonerados y colaboradores civiles.
El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro, donde fue detenido Diego Delgado mientras transportaba 303 kilos de cocaína ocultos en una camioneta Toyota Hilux que conducía desde Orán con destino a Buenos Aires.
El segundo episodio fue el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue detenido Escarlata cuando transportaba 31 kilos de cocaína ocultos en la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.
Uno de los elementos clave de la investigación y exhibidos por la fiscalía durante el debate fueron las comunicaciones extraídas del grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, creado por integrantes de la organización para coordinar sus actividades.
A través de esa aplicación de mensajería, los acusados intercambiaban información sobre los traslados de droga, organizaban movimientos logísticos y compartían conocimientos vinculados con los controles de las fuerzas de seguridad.