La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar que ordenó al Gobierno a aplicar de manera inmediata aspectos centrales de la ley 27.795 de financiamiento universitario. Otro revés para el Gobierno, luego del sufrido en la Reforma Laboral.
Como se recordará, la sanción de la norma por el Congreso —ratificada con dos tercios luego del veto presidencial— fue promulgada mediante el decreto 759/25, pero condicionó su aplicación a la asignación de financiamiento específico por parte del Congreso.
En ese marco, el Consejo Interuniversitario Nacional y varias universidades promovieron un amparo para que se declare la inconstitucionalidad de esa limitación, lo que fue admitido en primera instancia, apelado por el Gobierno y ahora ratificada la resolución de primera instancia por la Cámara.
Los jueces dijeron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que la norma debía ser aplicada.
En ese sentido, remarcaron que “el proceso legislativo había concluido con la insistencia de ambas cámaras del Congreso bajo el art. 83 de la Constitución Nacional, lo cual no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley”.
El tribunal de alzada también dio la razón al juez de primeta instancia al considerar el daño que podría ocasionar la demora en la aplicación de la ley. Señaló que “la propia ley 27.795 y el decreto impugnado dan cuenta del deterioro de los ingresos, la disminución del poder adquisitivo y la pérdida salarial del colectivo afectado”.
En esa línea, consideró acreditado el riesgo de perjuicios irreparables, al tratarse de derechos de carácter alimentario vinculados a salarios y becas. “El juez de grado ha sustentado adecuadamente el perjuicio irreparable que sufriría la parte actora”, indicaron.
Si bien ahora se aguarda la resolución de fondo, esto implica un duro revés para un Gobierno que, según parece, adopta decisiones equivocadas con cierta frecuencia.