Elisa Carrió denunció penalmente a Cristina Kirchner y luego a Axel Kicilloff por el «daño mayúsculo» por la forma en que se nacionalizó YPF en 2012 y el vaciamiento de dicha empresa.
El caso fue elevado a la Justicia teniendo en cuenta su «gravedad institucional» dado que «excede el interés individual de las partes y atañe a la comunidad.
La denuncia se amplió luego de que el país perdiera un juicio en los Estados Unidos contra un fondo buitre que obliga a pagar unos 5 mil millones de dólares como mínimo.
La postulante al Parlasur elevó el escrito ante el juez federal Ariel Lijo, ante quien advirtió que el juicio en Nueva York «puede causar un daño mayúsculo a la Argentina, ya que puede ser sancionado el Estado Nacional a pagar una suma que puede llegar a los 16.000 millones de dólares».
Asimismo, en la presentación se consignó que el monto de la indemnización podría ser fijado por la jueza Loretta Preska al mismo tiempo que se objetó que “los responsables de esa maniobra terminen impunes”
En estos términos, dijo Carrió en su presentación, solicito que se amplíe la investigación a efectos de determinar la responsabilidad penal y las conductas delictivas en las que pudieran estar incursos los funcionarios públicos a cargo de la nacionalización de YPF SA y de las presentaciones en defensa de los intereses de la República Argentina (judiciales y extrajudiciales) ante el Juzgado de Nueva York, entre ellos: Cristina Fernández de Kichner, Julio De Vido, Carlos Zanini, Axel Kiciloff, Roberto Baratta y Enrique Eskenazi. Más allá de lo que resulte de la pesquisa, los funcionarios mencionados podrían estar incursos en los delitos de: violación de deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 C.P.), administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública (art. 174, inc. 5 C.P.), de negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 C.P.) y vaciamiento mediante la descapitalización de la empresa YPF SA.
Ahora, a raíz de esta denuncia y de la realizada por la ONG Republican Action for Argentina que aún tiene el juez Ariel Lijo sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra la Argentina por 16.000 millones de dólares”, escribió el legislador.
Para,eso el.Gobierno y el propio Lijo deben remitir la denuncia a la jueza estadounidense antes del martes ¿Lo harán?