Una situación muy peculiar, por decirlo con cierto eufemismo y magnanimidad, se generó con el tema de los periodistas y medios que supuestamente recibieron pagos del gobierno ruso para desprestigiar a la gestión de Javier Milei. Tanto el jefe editor de Ámbito Financiero, Gabriel Morini, como la periodista Liliana Franco, a quien se le impide el ingreso a la Casa Rosada, publicaron un post que dice exactamente: «El consorcio de medios se retractó de acusar a Ámbito: «no constatamos que haya recibido dinero de Rusia»
La respuesta de una de las periodistas de Latin American Open Democracy, Diana Cariboni fue, en el caso de Liliana Franco, la siguiente: «@lilianafranco20, realmente lamento tu situación, pero esto no es así. No nos retractamos porque lo pusimos desde el comienzo en nuestra investigación. Que se haya tergiversado y sobreactuado no es nuestra responsabilidad. Esto figura en la parte central de nuestro artículo» y transcribe parte del artículo que dice en un párrafo refiriéndose a los presuntos registros de presuntos pagos que «incluyen tarifas fijas por la publicación de contenidos en cada sitio web desde 350 a 3.100 dólares por artículo» y sigue: «pero no indican si el.dinero.fue a los medios, a los periodistas o a terceros. Es posible también que estos montos fuera inflados. Nuestra investigación no pudo verificar si se realizaron pagos ni a quien»
La pregunta es: ¿cómo se publica sobre una cuestión tan sensible sin tener pruebas contundentes? Se entiende (aunque no sea lo correcto) que el Gobierno, cuya imagen se desmorona por diversos casos y una situación económica mala, haya sobre actuado y apele a esta investigación para desprestigiar a la mayoría de los periodistas argentinos a los que ha calificado de «delincuentes», lo demás se entiende poco y nada…