Luego del anuncio de Milei de la baja de las retenciones y de que vetará las leyes que favorecen a jubilafos y discapacitados, dos anuncios aplaudidos por el público ruralista, Carlos Curci, hasta ahora vocero de la Sociedad Rural (SRA), será el nuevo interventor en el área de medios públicos del gobierno de Javier Milei.
Según Noticias Argentinas, Curci reemplazará a Eduardo González, quien presentará su renuncia esta semana, ya que viajará al exterior por un tiempo prolongado, por motivos personales.
El nombramiento de Curci, mano derecha comunicacional del titular de la Rural, Nicolás Pino, se terminó de confirmar tras el acto en la exposición de Palermo de este sábado, en el que el jefe de Estado fue ovacionado en distinta oportunidades entre ellas cuando anunció una baja en las retenciones y el.veto de las leyes que benefician a jubilados y discapacitados sancionadas por el.Congreso.
cará seguir reduciendo la inversión que se destina a los medios públicos (RTA), según informó La Nación.
Uno de los principales ajustes en los medios del Estado se aplicó en la exagencia de noticias Télam, ahora reconvertida en Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (Apesau), donde más de 400 empleados aceptaron un retiro voluntario.
En ese sentido, la llegada de Curci estaría destinada a “ordenar” Radio y Televisión Argentina (RTA) y el resto de las empresas de la órbita de medios públicos, se indicó.
En las listas de áreas que seguirían siendo ajustadas, figuran Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos Sociedad del Estado y la APESAU.
Al menos un año más de intervención
El 4 de febrero último, el Gobierno prorrogó la intervención de las empresas de los medios públicos, que incluyen Radio y Televisión Argentina (RTA) y la Agencia de Publicidad del Estado (APE), ex Télam. A su vez, se renovó el proceso de intervención de Educ.ar.
La medida se hizo oficial mediante la publicación de la decisión administrativa 5/2025 en el Boletín Oficial.
En la normativa, se detalla que el período de intervención de RTA será de un año, mientras que el proceso se extenderá en APE hasta que “se designen a las autoridades”.