(NA) – El Gobierno de España aprobó ayer viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, un paquete de 80 medidas valorado en 5.000 millones de euros que contiene rebajas fiscales a la energía y carburantes, ayudas directas a sectores y hogares y varias palancas de protección social.
El presidente Pedro Sánchez lanzó el plan a primera hora de la tarde tras una tensa reunión entre el PSOE y Sumar que se saldó con la puesta en marcha de dos decretos: uno general para el grueso de las iniciativas y otro centrado exclusivamente en vivienda.
El plan entrará en vigor este sábado y estará vigente “durante el tiempo que sea necesario”, según explicó el mandatario, quien advirtió que “nadie sabe cómo va a evolucionar esta guerra, pero sus efectos podrían contenerse o transformarse en una grave crisis en función de su duración”.
Los fondos movilizados, que llegan hasta finales de junio, se explican por la pérdida de ingresos públicos debida a las rebajas fiscales y las ayudas directas. En el ámbito de los carburantes, el Ejecutivo dispuso la baja del IVA al 10% del gasóleo y la gasolina, además de reducir el impuesto especial sobre hidrocarburos al mínimo permitido por la Unión Europea.
Según los cálculos oficiales, esto supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro, lo que representa unos 20 euros de ahorro al llenar el depósito de un vehículo medio. Respecto de la electricidad, se diseñó una baja de impuestos del 60% mediante la reducción del IVA de la luz y el gas al 10%, la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica y la disminución del impuesto especial sobre electricidad al 0,5%.
Fuera del plano fiscal, el paquete incluye una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores, junto con subsidios para la compra de fertilizantes “para que todos esos sectores puedan capear la crisis y así contener los precios de la cesta de la compra”.
Asimismo, el Gobierno prohibió a las empresas que reciban fondos públicos despedir a sus trabajadores por razones económicas vinculadas a esta crisis. “Este Gobierno va a movilizar todos los recursos necesarios para proteger a los ciudadanos y ayudar a pymes, sector primario e industria española”, señaló Sánchez.
La negociación entre los socios de coalición fue compleja, especialmente en materia de vivienda, donde Sumar logró arrancar una prórroga extraordinaria y automática por dos años de los contratos de alquiler que venzan en 2026 y 2027.
Esta medida se articuló en un decreto independiente para facilitar su gestión legislativa. El mandatario cerró la presentación al sostener que, con la vigencia de estas normas, “España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea en respuesta a una guerra ilegal que no avalamos”.