(NA) – El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la demorada Ley de Propiedad Privada y avanzar con el debate del Súper RIGI, dos proyectos considerados clave por la Casa Rosada para atraer inversiones.
La Libertad Avanza busca reactivar la agenda en agosto con amplio temario, que incluye también los proyectos Sociedades, Zonas Frías, Salud Mental, mientras aguarda que diputados apruebe la reforma del Banco Central y la reforma de la ley de Inocencia Fiscal.
La mesa política del Gobierno, que no se reunió la semana pasada, quiere aprobar en el Senado parte del paquete económico, la reforma electoral y la designación de jueces.
Por quinta vez, la bancada de LLA, que preside Patricia Bullrich, apuesta a sancionar la iniciativa denominada “inviolabilidad de la propiedad privada -que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, donde se otorgará un fuerte poder a las provincias para que pueda avalar o rechazar esas compras.
Si bien está confiado en que tendrá los votos para aprobar el proyecto, el miércoles 5 de agosto tendrá una reunión a la tarde con los aliados para tener garantías que no habrá ningún inconveniente.
También tiene la tranquilidad que no presidirá la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel, que estará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tendría que desempatar ya que lo hará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.
La propuesta oficial mantiene que se prohíbe puedan comprar tierra los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
Se mantuvo que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.
Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.