Luego de participar en Miami de la organización de la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Laura Belén Arrieta, fue acusada de haber ingresado al país con equipaje sin revisar, supuestamente autorizada por la Aduana.
El hecho, sucedido en marzo pasado, sacudió al gobierno de Milei luego de trascender que una integrante de la CPAC en la Argentina había entrado al país con algunas valijas sin pasar por los controles correspondiente. Es que Arrieta cobró notoriedad por su rol en la organización de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Buenos Aires en diciembre. En ese evento, donde disertó el presidente Javier Milei, Arrieta participó activamente y se fotografió con los principales referentes libertarios.
Fotografía de Milei y Arrieta publicada por el.diario La Nación luego de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se realizó en Buenos Aires en diciembre
La Casa Rosada trató de despegarse del tema, pero el canal de noticias TN reveló ahora imágenes que contradicen la versión oficial. Ahora parece que las valijas que viajaron desde Estados Unidos y no pasaron por la Aduana fueron 10 y la Justicia investiga el hecho por posible contrabando, entre otras hipótesis.
Este lunes, los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez presentaron un dictamen en el que reconstruyeron cómo fue la llegada al país de la aeronave y sumaron imágenes que alertan sobre un aparente no control sobre la totalidad del equipaje.
El tema, fue hecho público en su momento por el periodista Carlos Pagni en LN+ y fue desmentido por el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Ahora el escándalo se agranda y se destapó tras el impulso que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el Ministerio Público Fiscal le dieron al caso, que avanza hacia un nuevo problema para la administración nacional.
Laura Belén Arrieta ingresó en un vuelo privado de Royal Class, empresa propiedad del empresario Scatturice quien es flamante dueño de Fly Bondi y supuesto vínculo entre Milei y la CPAC, y llegó con valijas que no fueron controladas.
Lo que se dijo entonces fue que “por orden de arriba” el equipaje de la mujer no debía pasar por Aduanas. El Gobierno salió a despegarse del hecho diciendo que “esta persona se sometió a todos los controles de Aduana sin detectarse nada extraño, siguiendo los protocolos, cumpliendo con la normativa”, había dicho el vocero Manuel Adorni, negándolo todo.
Pero avanzada la investigación por parte de los fiscales de la causa se reveló que la cantidad de valijas sin declarar fueron 10, el doble de lo que se había rumoreado y que habría más personas involucradas. Estos nuevos datos fueron dados a conocer por el canal TN que indicó que la Justicia investiga el hecho como un posible “contrabando. Se observaron nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de Aeroparque que dan cuenta de la irregularidad, y a ello se sumaron las declaraciones de los funcionarios jerárquicos que intervinieron y que fueron clave para conocer la maniobra.
Al parecer, quienes no pasaron los controles aduaneros habrían sido varios pasajeros y según el dictamen de la Fiscalía, tanto los tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto, como Laura Arrieta, “fueron reconducidos” por personal de Aduanas “sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a la revisión del equipaje.
El asunto es que a los demás pasajeros del vuelo privado sí se los controló y “esa diferencia en el tratamiento resulta particular llamativa”, dijeron los fiscales. “El desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”, recalcó el escrito.
Según la investigación judicial, además se detectó un “comportamiento inusual” de Arrieta. Las cámaras de seguridad de Aeroparque dieron cuenta que la mujer bajó del avión “con un teléfono que había sido entregado a una agente de la Aduana, que respondió con el gesto de ‘Ok’”.
Luego de conocerse el escándalo por las valijas no declaradas, el diputado de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro, presentó un pedido de informes para que el Gobierno explique el hecho y que una comisión lo investigue.