Por Natividad Obeso, presidenta y fundadora de la Asociación Civil de Derechos Humanos de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra) y Violeta Gonzales, mujer migrante emprendedora, integrante de la misma entidad.
Veinte años han pasado desde que fundamos la Asociación Civil de Derechos Humanos de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina (Amumra), una asociación de derechos humanos que se dedica a la generación de acciones para la promoción, difusión y el acceso a los derechos de las personas que integran esta porción de la población.
La integramos mujeres y disidencias migrantes y refugiadas, es por eso que podemos vernos reflejadas en el trabajo diario que realizamos en las comunidades y por lo cual buscamos generar acciones enfocadas a promover la interseccionalidad para combatir las desigualdades a través del empoderamiento.
Tal es el caso del Programa «Articular», el cual se compone de encuentros para problematizar y prevenir las violencias por motivos de género. Habilitando redes, acercando derechos y armando de saberes a mujeres cis y trans migrantes y refugiadas. Con el fin de detectar y prevenir las violencias, a través de un espacio de concientización, reflexión y formación en la temática.
Desde nuestras corporalidades, hemos sido testigos del cambio permanente de nuestras identidades, muchas de nosotras hemos experimentado violencias por dejar nuestros territorios para ir en búsqueda de una «seguridad» económica, social y emocional. No es menor que de los 2,2 millones de migrantes en Argentina el 53% seamos mujeres.
Sabernos mujeres migrantes y refugiadas, nos lleva a reconocer algunas complejidades para insertarnos en la vida social y laboral. Como lo es la ausencia de redes de apoyo, el desconocimiento del lenguaje cultural del país de destino y el silencio constante en el que nos vemos envueltas. Es por eso que uno de los componentes principales de «Articular» es la vinculación entre organizaciones para detectar y prevenir las violencias.
Durante la pandemia, muchas mujeres migrantes no pudimos obtener el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por desconocer los mecanismos para acceder al programa y por la falta de acceso tecnológico. Otro de los temas que quedaron expuestos por la situación de emergencia sanitaria fue la precarización laboral, en la que podemos situar al 47% de la población de mujeres migrantes en Argentina en el ámbito del trabajo doméstico.
En el caso de las trabajadoras de casa particular (TCP), la Ley 26.844 que entró en vigencia en 2013 fue de vital importancia, ya que reconoce los derechos de las personas que se encuentran en contrato laboral como TCP ya que, mientras que a una gran parte de la población se nos pedía no salir de casa, a muchas mujeres y disidencias migrantes se les exigía salir a laburar para sostener a sus familias, dejándolas expuestas a múltiples vulneraciones de sus derechos.
Cuando decimos «migrar no es un delito, migrar es un derecho» lo hacemos con plena conciencia de habernos sentido invisibles al querer buscar mejores condiciones de vida para nosotras, infancias, adolescencias y juventudes a nuestro cuidado. Es por eso que celebramos y reconocemos los esfuerzos logrados en materia legislativa y jurídica para promover la promoción y protección contra las violencias de género.
Estamos convencidas de que a través del programa «Articular» podremos trabajar de manera conjunta para que más mujeres, mujeres trans y disidencias migrantes y refugiadas podamos tener acceso a un acompañamiento para la garantía de nuestros derechos.