La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en un comunicado expresó su preocupación por la apertura de una oficina oficial para calificar informaciones difundidas por los medios como falsas.
«Los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos. Esta práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. Nuestra inquietud radica en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle a la Oficina que, según palabras del propio Gobierno, está destinada a desmentir informaciones y señalar supuestas operaciones mediáticas», señaló la entidad.
Sin embargo, considera que «el objetivo, de desmentir, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones. Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública».
Asimismo, sostiene que «en la presentación de este organismo se habla sólo de la actividad periodística, calificándola de “operaciones de los medios”, pero nada dice de la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan, de forma anónima o a través de perfiles falsos, en redes sociales y plataformas digitales».
ADEPA dice además que «los medios de comunicación cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. La gente es el último juez del trabajo periodístico».