El Gobierno procura tratar este jueves en el Senado el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que contempla la venta a extranjeros de tierras sin límites de extensión. La líder de la Coalición Cívica y otras organizaciones hablaron de traición a la Patria en un comunicado. Carrió, por otra parte, dijo al diario digital del Chaco TN24 Territorio del NEA, que presentará una denuncia y que los que firmaron el dictamen del proyecto «van a terminar presos».
En un comunicado junto a la asociación civil Voces por la Cultura, la Justicia y la Paz, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, alertó que el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que está previsto se trate este jueves en el Senado, “compromete la soberanía nacional”.
“Los argentinos perdemos la tierra, perdemos el agua, perdemos la dignidad. La reforma de la Ley de Tierras frente a un nuevo feudalismo tecnológico”, dice el documento, en referencia a la iniciativa impulsada por el Gobierno
Los firmantes señalan que “la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional constituye una entrega de poder sobre el territorio argentino. Al remover límites sustanciales a la adquisición de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, y al trasladar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobernadores, decisiones estratégicas sobre la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, el proyecto compromete la soberanía nacional, el control sobre el agua, los recursos naturales y las zonas estratégicas del país”.
“Quienes acompañen esta reforma incurren en una conducta que el artículo 29 de la Constitución Nacional califica como traición a la patria; sus actos llevan consigo una nulidad insanable”, dice el texto encabezado por Carrió y otros dirigentes de su partido.
En el comunicado sostienen que “Javier Milei quiere que la Argentina sea territorio de ensayo para grandes empresas tecnológicas y poderes privados globales que buscan sustituir reglas públicas por reglas privadas. En ese modelo, la libertad deja de ser una garantía de los ciudadanos frente al poder y pasa a convertirse en privilegio de quienes concentran datos, infraestructura, financiamiento y territorio”.