NA) — El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral N° 27.802, sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de febrero pasado, mediante el Decreto 137/2026. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral argentino, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.
La promulgación fue firmada también por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Uno de los puntos principales es la modificación del sistema indemnizatorio. El artículo 245 establece que, en caso de despido sin causa, el trabajador recibirá un mes de sueldo por cada año de servicio, pero para el cálculo ahora se excluyen plus, como el aguinaldo y otros.
Además, se habilitan fondos o sistemas de cese laboral financiados por los empleadores, crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas con la finalización del contrato de trabajo. Según el texto, el financiamiento se realizará mediante contribuciones mensuales obligatorias del 1% para grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
En relación con las horas extra, el artículo 197 bis incorpora la posibilidad de acordar sistemas de compensación mediante “bancos de horas”, que deberán formalizarse por escrito y contar con un método de control. La ley establece que su aplicación deberá ser voluntaria y acordada entre las partes.
Se introduce el pago escalonado para las sentencias por despidos. Las grandes empresas podrán pagar en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que para las MiPyMEs y empleadores individuales el plazo se extiende hasta las doce cuotas. Estos montos se actualizarán según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, con un interés del 3% anual.
Oyro punto reside en la extensión del tiempo de evaluación para los nuevos contratos, que pasa de tres meses a un mínimo de seis para la generalidad de las empresas.