Grupos de derechos civiles demandaron a la administración de Trump en un intento por detener la política gubernamental de permitir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arresten a inmigrantes indocumentados que se presentan a audiencias de inmigración en los tribunales.
La demanda colectiva, presentada en un tribunal federal en Washington en nombre de una docena de inmigrantes y varios grupos de derechos civiles, abre un nuevo frente en una extensa iniciativa legal de los defensores para detener las recientes y controvertidas medidas de la administración destinadas a aumentar las deportaciones en Estados Unidos.
Hasta hace poco, el Departamento de Seguridad Nacional operaba bajo directrices que limitaban la aplicación de las leyes de inmigración en los tribunales. Después de que el Gobierno de Trump derogara dichas directrices poco después de comenzar el segundo mandato presidencial, agentes del orden enmascarados comenzaron a presentarse en los tribunales de todo el país para arrestar a migrantes.
La demanda detalla la nueva estrategia de la administración: los abogados del gobierno solicitan a un juez de inmigración que desestime el proceso civil contra un inmigrante “con base en un cambio de circunstancias” y, tras la desestimación, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que a veces ya están presentes en la sala del tribunal o cerca de ella, arrestan al individuo.
La persona es entonces transferida a un proceso de deportación acelerada, lo que le ofrece pocos recursos legales y generalmente requiere su detención. En algunos casos, los inmigrantes son detenidos inmediatamente después de la audiencia o al salir del tribunal. Y en muchos casos, los abogados afirman que los inmigrantes son detenidos en instalaciones alejadas de la ciudad donde se llevó a cabo su audiencia judicial.
“Las consecuencias de las acciones (del Gobierno) son graves. Los no ciudadanos, incluyendo a la mayoría de los demandantes individuales aquí, han sido arrancados abruptamente de sus familias, vidas, hogares y trabajos por comparecer ante el tribunal de inmigración, un paso necesario para que puedan proceder con sus solicitudes de permiso para permanecer en este país”, escribieron los abogados de los grupos de derechos civiles y de los inmigrantes en documentos judiciales.
Los abogados solicitan a un juez federal que bloquee la serie de cambios de política que han permitido al gobierno llevar a cabo esta iniciativa, alegando que violan la Constitución de Estados Unidos y la ley federal.
Grupos de derechos de los inmigrantes afirman que los arrestos en los tribunales reflejan una tendencia creciente: la aplicación de la ley ya no se limita a los cruces fronterizos o a las oficinas de los empleadores, sino que se extiende a lugares que antes se consideraban fuera de los límites.
La iniciativa para implementar operativos de control migratorio en los juzgados sorprendió a abogados, defensores legales y activistas de derechos civiles, quienes afirmaron que los operativos se dirigían a inmigrantes que simplemente cumplían con los procedimientos legales y les preocupaba que el temor a los arrestos en los juzgados pudiera llevarlos a la clandestinidad.
“La administración de Trump-Vance está utilizando los tribunales de inmigración como arma al amenazar a quienes cumplen la ley y se presentan a sus audiencias según lo ordenado por el tribunal. Este plan ilegal inhibirá la participación en el proceso legal y viola los principios fundamentales del debido proceso y la equidad que sustentan nuestro sistema legal”, afirmó Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, organización que contribuyó a la presentación de la nueva demanda.
El enfoque del Gobierno ha provocado, en ocasiones, incidentes de gran repercusión mediática. Tal fue el caso en abril, cuando una jueza estatal de Wisconsin presuntamente ayudó a una inmigrante indocumentada que comparecía ante ella por un asunto penal a evadir el arresto de agentes federales.
(CNN)