España aparece a menudo como ejemplo desde que en noviembre de 2004 promulgó una ley de protección integral contra la violencia de género.
Se cumplieron poco más de 17 años y cabe preguntarse ¿qué tan efectivo ha sido el modelo español en la lucha contra los asesinatos de mujeres por su pareja? Cabe aclarar que dicho modelo fue replicado en Francia.
Primero de todo hay que aclarar que en España hay una justicia especializada en violencia de género. Después de haber sido agredida -«tenía los brazos ensangrentados»- la victimaria pudo contar con la justicia, ya que al día siguiente había un juicio rápido Existen 106 juzgados especializados que tratan exclusivamente este tipo de casos de violencia de género. Son juzgados para delitos leves que permiten acelerar los procedimientos judiciales. En algunos casos simples que no requieran diligencias previas, el hombre violento puede ser juzgado en 15 días. También existen juzgados de guardia cada día, fines de semana y feriados incluidos. Este tipo de juzgados fueron creados por la ley integral de protección contra la violencia de género.
Pero ¿cómo explicar este giro radical del poder legislativo en España para luchar contra los feminicidios? El detonante fue el asesinato de Ana Orantes en 1997. El 4 de diciembre de ese año, esta mujer de 60 años, originaria de Granada en el sur de España, aparece en Canal Sur, una cadena de televisión regional en Andalucía. Cuenta el calvario al cual le sometió su marido durante 40 años. Había interpuesto varias denuncias, había conseguido divorciarse pero la justicia la obligó a compartir su casa con su agresor: una planta para cada uno. Trece días después, su exmarido la mata quemándola en el patio de la casa.
En segundo lugar para defensa de las mujeres víctimas de violencia cuentan con pulseras electrónicas y perros adiestrados. Son las mismas mujeres afectadas las que se reúnen en un pueblo cerca de Madrid para entrenar a sus perros de protección. Los animales fueron entregados gratuitamente por una empresa privada de agentes de seguridad. Hace más de 10 años, el jefe decidió crear una obra social para ayudar a las mujeres que sufrieron maltratos por parte de su pareja o expareja.
En el año 2019 un total de 1.353 mujeres estaban protegidas por el dispositivo de la pulsera electrónica en España. Es un aparato que parece ser un teléfono y que lleva al mismo tiempo el hombre para geolocalizarlo y la mujer para que ella sea avisada si se está acercando a ella. En caso de peligro, ella puede pulsar un botón de su aparato para avisar al centro que gestiona el dispositivo: son ellos que llaman después a la policía. Pero a veces, pasan cinco minutos o más antes de que llegue la policía. El perro actúa en este contexto como un complemento de seguridad frente al agresor.
Otras mujeres llevan un teléfono, más generalizado, llamado Atenpro y gestionado por la Cruz Roja en España : pulsan un botón en caso de peligro y llega la policía. De todos modos la experiencia en todos estos años indica que la presencia del perro es más beneficiosa, a veces por diferentes circunstancias la policía puede demorar y el hecho de estar con el animal es más intimidante en caso que el agresor se acerque.
Otra novedad de la ley del 2004 fue la creación de un sistema informático de seguimiento y protección a las victimas dentro del cuerpo policial que se llama VioGen, «Vio» por violencia, «Gen» por Género.
En función del riesgo, cada víctima recibe un plan personalizado de seguridad y se le asigna un agente de policía protector. Sólo en Madrid, hay 380 agentes especializados en violencia de género. Más de 1.700 mujeres víctimas de violencia de género se benefician de un seguimiento de la policía municipal de Madrid, incluso, cuando todavía la justicia no se ha pronunciado.
Fuente dé información: Datos de un reportaje de Maïwenn Bordron, desde Madrid publicado en el sitio web amp.rfi.fr