Los ministerios de Energía y Producción de la Nación firmaron en conjunto una resolución que beneficiará con descuentos de hasta el 20% en las facturas de luz a las empresas consideradas «electrointensivas», a cambio de que no despidan empleados y realicen un uso eficiente de la energía. Según creen en la cartera que conduce Juan José Aranguren, el costo fiscal de esta medida ascenderá a unos $ 750 millones por año hasta 2019; es decir, cerca de $ 2250 millones en total.
La norma otorgará una bonificación de hasta el 20% en los Precios Estacionales de Referencia vigentes para las compañías categorizadas como Grandes Usuarios de la Distribuidora (GUDI) como para las que compran la energía eléctrica a Cammesa, que están divididas en Grandes Usuarios Mayores (GUMA), Grandes Usuarios Menores (GUME) y Grandes Usuarios Particulares (GUPA).
El beneficio será para las empresas que demanden una potencia igual o superior a 300 kilovatios por hora en el mes (KWh/mes) hasta un límite de 15.000 megavatios por hora (MWh) en un mes. Para los primeros 4500 MWh habrá un 20% de bonificación, para los siguientes 4500 MWh un 10% y para los restantes 6000 MWh un 5%.
Los descuentos se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive y serán retroactivos. Para unas 800 compañías manufactureras de amplios rubros de la industria se les bonificará el consumo desde el 1º de febrero de este año.
Además, se crea la categoría «ultraelectrointensivas» para las empresas productivas que utilicen la energía eléctrica como una materia prima de su proceso (que sea un insumo «indispensable e insustituible») y que su consumo sea igual o superior a 5 KWh por cada kilogramo de producto elaborado. Se trata de una medida que favorecerá a un reducido conjunto de compañías (la mega-productora de aluminio Aluar, la fábrica mendocina de ferroaleaciones Globe y la sanjuanina Electrometalúrgica Andina), que podrán pedir el retroactivo al 1º de abril de este año.
Las disposiciones generales de la resolución establecen que los beneficiarios no podrán despedir empleados sin justificación, deberán cumplir en su totalidad y sin infracciones con la ley de Defensa de la Competencia (25.156) e implementar un programa de mejoras en la eficiencia energética de su proceso productivo.
Los interesados tendrán tiempo hasta el 30 de junio para presentar su interés en acceder al beneficio en la web de Producción y estarán obligados a acreditar una demanda máxima de potencia superior a 17 MW en promedio entre 2012 y 2016.
Habrá también un precio diferencial inicial para las tres ultraelectrointensivas de u$s 18 por MWh, «que se ajustará mensualmente de acuerdo a la evolución de los precios internacionales del producto con mayor requerimiento específico de energía eléctrica fabricado en la empresa beneficiaria».
Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación ProTejer (sector textil), festejó la medida. «Anhelábamos que saliera y es una muy buena noticia en tiempos de vacas flacas. Felicito al Gobierno por entender nuestra crisis. En la hilandería, por ejemplo, la electricidad es el segundo insumo más importante -luego de la mano de obra- y representa un 10% ó 15% de nuestros costos», aseguró.
FUENTE: El Cronista.